El escándalo judicial detonado por la denuncia del juez de Impugnación Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva ha puesto de manifiesto que en Tucumán hay tribunales que se encuentran de espaldas a la sociedad. Esto se debe a que, pese a contar con un nuevo Código Procesal Penal, que prioriza las audiencias públicas, se aferró al digesto anterior y su paradigma escrito y secreto. A la vez, la UNT, lejos de ser un faro que ilumine a la sociedad, calla, o se dedica a hablar de asuntos que no hacen a la realidad institucional . El cuadro se completa con algunas instituciones intermedias, como la Asociación de Magistrados, que no dice nada, aún cuando hay un juez que está a punto de ser “fusilado”: Pedicone fue acusado por la comisión de Juicio Político de la Legislatura, ante el Jurado de Enjuiciamiento, por siete pedidos de destitución.

Con este diagnóstico, el abogado Alberto González abrió en la tarde de ayer el foro virtual “Independencia de la Justicia y configuración del espacio judicial”, que organizó el Colegio de Abogados de la Capital. Ese fue el ámbito donde disertó el jurista Alberto Binder, unos de los ideólogos del nuevo Código Procesal Penal tucumano, luego de que la mesa panel digital no encontrará acogida ni en el Centro de Graduados ni en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNT.

Binder, precisamente, acometió el problema sistémico de la administración de justicia. “No debemos perder de vista este caso (“Leiva - Pedicone”): es el hueso a no soltar. Pero debemos darle un horizonte”, manifestó.

Esa perspectiva se remonta a mediados de los 80, planteó el especialista, cuando la recuperación de las democracias en América Latina plantea, justamente, que no se podía tener democracia de calidad sin justicia de calidad. “Tres décadas después decimos lo mismo”, manifestó.

Binder recordó que fueron cuatro los ejes que se plantearon para cambiar el paradigma de Justicia que venía de las dictaduras. El primero era el funcionamiento de las Cortes Supremas, por su deficiente defensa de la Constitución de cada país. “Es la Justicia la que va dejando que la Constitución se degrade”, manifestó.

El segundo tema apuntaba al sistema de nombramiento de los jueces. “Había que generar un escrutinio de calidad”, rememoró.

La tercera cuestión “era sacarse de encima los secretos y los laberintos, que permitían a la Justicia hacerse la borrachita cuando ocurría lo peor”.

El cuarto: la enseñanza del derecho para una nueva abogacía en América Latina. “Hay una enorme cantidad de abogados trabajando constantemente para debilitar las instituciones. Los docentes también tenemos que plantearnos esto. Cuando se estudia a las tribus judiciales se advierte que siempre tienen una pata en las universidades. Y en las cátedras”, esclareció.

“Después de 30 años, ¿logramos construir Justicia de calidad? Pareciera que no”, lamentó.

“Hoy se dirimen en espacio judicial tensiones políticas cada vez más intensas”, agregó Binder. Eso se debe a que se desarrolló una enorme cantidad de nuevos derechos, que trajo aparejada una enorme cantidad de nuevos conflictos. A la par, el poder político también desarrolló nuevas funciones e injerencias.

“Lo que se discute en Tucumán es un problema político de altísima importancia. (...) En todas estas peleas, los poderes fácticos y concentrados, y su gerenciamiento por parte de la política, devinieron prácticas mafiosas. Ahora le pedimos a la Justicia que también controle eso. ¿Queremos una Justicia expectadora o que se meta en la pelea? ¿Queremos una democracia de mafias o una democracia de ciudadanos? Eso nos redefine”, concluyó.

Carta de navegación

El constitucionalista Rodolfo Burgos también hizo un abordaje sistémico sobre la situación de la institucionalidad provincial e hizo hincapié en que, en este contexto, el problema más grave que tiene Tucumán “radica en su norma de base: la Constitución”.

El especialista reparó en que tanto la reforma de 1990 como la de 2006 fueron encaradas en soledad, respectivamente, por FR y por el PJ. “Entonces, ambas determinaron sistemas de hegemonías, en los cuales la Justicia siempre fue por detrás”, definió. Puntualizó, primero, que la del 90 creó la figura del vicegobernador, a quien ubicó a la cabeza de la Legislatura. “El único poder de control político del Ejecutivo quedó presidido por el compañero del gobernador”, contrastó.

Luego reparó en que la Carta Magna de 2006 preveía un sistema de enmiendas constitucionales por vía legislativa, una Junta Electoral con mayoría política y un Consejo Asesor de la Magistratura que el gobernador definiría por decreto. Todo ello fue anulado por la Justicia. Pero sobrevivieron los DNU que quedan firmes ante el silencio legislativo y el régimen de acoples.

“Es muy difícil pensar en el futuro de una provincia sin una carta de navegación”, advirtió.

Decisiones contrarias

Vanessa Lucero, defensora coadyuvante del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, se enfocó en impugnar los dictámenes de la fiscala Mariana Rivadeneira y los fallos del juez Juan Francisco Pisa que, en octubre, negaron a Pedicone rol de querellante, mantuvieron la causa contra Leiva bajo el viejo Código Procesal y excluyeron los audios del denunciante como prueba.

“Con todo ello tomaron decisiones contrarias a la Constitución Nacional y a la Convención Americana de los Derechos Humanos”, acusó.

Tras puntualizar que esos pronunciamientos citan fallos federales contrarios a las conclusiones que tomaron, Lucero planteó que debió primar el control de convencionalidad y llevar adelante audiencias públicas. “Pero no sólo para otorgar mayor protección a las partes, sino, sobre todo, para amparar los intereses de la ciudadanía”, reclamó.


Opiniones

“Hay un hartazgo social que debe ser liderado. correctamente: que los actores más jóvenes se animen a nuevo liderazgo. La democracia nos da herramientas para ser ciudadanos: no se las podemos entregar a las mafias.”

Alberto Binder, doctor en Derecho de la UBA - Presidente del Inecip


“Los DNU que quedan firmes con el silencio de la Legislatura nos colocan en una situación de control institucional ‘a la menos uno’. Basta que el gobernador se ponga de acuerdo con el vice para que la Legislatura no sesione”.

Rodolfo Burgos, docente de la UNT - presidente del directorio de Canal 10


“Ante la denuncia de Pedicone contra Leiva, la Justicia de Tucumán tuvo la oportunidad de salir de su castillo de piedra con una sola entrada y puente levadizo. Pero decidió seguir adentro. Y lo hizo porque así es más cómodo”.

Vanessa Lucero, prosecretaria y defensora coadyuvante - Ministerio Público de la Defensa de la Nación


“Frente a lo que ocurre en la Justicia Penal las únicas tres respuestas que no se pueden dar son que los responsables son tontos, vagos o malos. Porque eso impide saber cuáles son los problemas sistémicos”.

Alberto González, abogado e investigador del Inecip